APOYO A MEDIDAS DEL GOBIERNO SOBRE SISTEMA CARCELARIO, PERO RESISTENCIA A LIBERACION ANTICIPADA DE PRESOS
En los últimos tiempos el gobierno ha anunciado algunas medidas de diversa índole para manejar el sistema carcelario. Hay que recordar como antecedente que en 2005 un intento del gobierno de Vázquez, particularmente del Ministro del Interior José Díaz, de modificar algunos aspectos similares mediante la “Ley de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario”, fue ampliamente rechazado por los uruguayos, básicamente por temor a que algunas de estas medidas agravaran el problema de inseguridad. Hoy el clima de opinión es diferente en algunos aspectos, aunque se verá que también similar en otros. Comenzando por una pregunta general. ¿Los uruguayos están de acuerdo o no con las iniciativas planteadas por el gobierno sobre el sistema carcelario? 45% está de acuerdo, apoya las medidas, y 15% está en desacuerdo. Pero una parte importante de los uruguayos (40%) no ha tomado aún posición, o ni siquiera ha escuchado hablar de estas medidas. Es decir, en principio un clima de opinión más bien favorable, pero donde hay muchas personas aún sin posición tomada. La encuesta, a continuación, preguntó una por una por varias de las distintas medidas anunciadas por el gobierno. Algunas de ellas presentan un apoyo claramente mayoritario. Por ejemplo, permitir reclusión domiciliaria a mujeres embarazadas, 71% de apoyo; para presos con enfermedades graves 63% de apoyo, y para madres recientes 61% de apoyo. Algo menor, pero igualmente mayoritario, es el apoyo a autorizar reclusión domiciliaria a presos mayores de 70 años (56% de apoyo). Es posible que esto sea algo más bajo por el rechazo de una parte de la población a que esto permita que tengan reclusión domiciliaria algunas personas condenadas por violación a los Derechos Humanos durante la dictadura. Y por último, la iniciativa de transformar las chacras policiales en pueblos penitenciarios (donde los reclusos de baja peligrosidad puedan vivir junto a sus familias y trabajar), es apoyado por 73% de los ciudadanos. Hasta aquí, panorama relativamente despejado. Pero hay otras dimensiones donde el panorama de opinión es bastante más complejo. Por ejemplo, la propuesta de liberar anticipadamente a personas a las que les falten 60 días o menos para cumplir la pena final genera posiciones ambivalentes, con saldo negativo: 42% apoya la medida, 47% la rechaza. Cuando se trata de liberar a menores de 28 años que delinquieron por primera vez en delitos leves, el apoyo es todavía menor: 40%, contra 48% de rechazo. Y por último, ante la propuesta de liberar anticipadamente a presos que cumplieron la mayor parte de su pena y aún no tienen condena, el apoyo es de 38% y el rechazo de 48%. Claramente, las medidas a través de las cuales se puedan estar liberando determinado tipo de reclusos en forma anticipada, en cualquiera de las situaciones consultadas, generan más rechazo que aprobación. En síntesis, el gobierno enfrenta un clima de opinión ambivalente frente a las medidas que está impulsando respecto al sistema carcelario. Por un lado hay una aceptación genérica a las medidas, y particularmente a algunas de ellas, aunque una parte importante de la población reconoce no estar suficientemente informada sobre el tema. Y respecto aquellas que tienen que ver con la liberación anticipada de reclusos, hay más rechazo que aceptación. El camino emprendido por el gobierno, entonces, no está exento de riesgos, y la forma en que estas medidas efectivamente se implementen y comuniquen a la ciudadanía será fundamental para minimizar los posibles niveles de alarma pública sobre el tema.
